La Comisión Europea ha iniciado acciones legales contra Francia y Alemania debido a las consecuencias de la aplicación de sus respectivas leyes sobre el salario mínimo para el sector del transporte por carretera.
La Comisión considera que la aplicación sistemática de su legislación nacional sobre el salario mínimo a todas las operaciones de transporte internacional que transcurren por sus respectivos territorios restringe de manera desproporcionada la libre prestación de servicios y la libre circulación de bienes y viajeros. Al respecto, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Francia, como primera etapa del procedimiento de infracción, además, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento complementaria a las autoridades alemanas, como continuación del procedimiento de infracción ya iniciado en mayo de 2015, y de las posteriores conversaciones con las autoridades alemanas con vistas a llegar a una solución amistosa. Sin embargo, ni la respuesta de las autoridades alemanas a la carta de emplazamiento ni las discusiones posteriores han disipado las principales preocupaciones de la Comisión. En ambos casos, la Comisión considera que la aplicación del salario mínimo para determinadas operaciones de transporte internacional que tienen solamente un enlace marginal en el territorio del Estado miembro de acogida no puede justificarse, ya que crea barreras administrativas desproporcionadas, que impiden que el mercado interno funcione correctamente. La Comisión considera que deben tomarse medidas más proporcionadas para salvaguardar la protección social de los trabajadores y para garantizar una competencia leal, al tiempo que se permite la libre circulación de bienes y servicios. Las autoridades francesas y alemanas ahora disponen de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión.
La Comisión apoya el principio de un salario mínimo, ya que garantiza la equidad social y está en línea con el compromiso de la política social de esta Comisión. Sin embargo, como guardiana de los Tratados, la Comisión debe también garantizar que la aplicación de las medidas nacionales es totalmente compatible con la legislación de la UE. Esto incluye la publicación actual de la Directiva sobre trabajadores (Directiva 96/71/CE), la Directiva de aplicación (Directiva 2014/67/UE) que ha de ser incorporado a la legislación nacional antes del 18 de junio de 2016, la legislación existente sobre transporte y el principio del Tratado de la libertad para la prestación de servicios, la libre circulación de mercancías, y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
En 2015 Francia adoptó una ley relativa a la aplicación del salario mínimo francés para el sector del transporte. El salario mínimo se aplica al cabotaje y a todas las operaciones de transporte internacional (excluyendo el tránsito). El acto de ejecución (Décret) fue adoptado el 7 de abril de 2016 estableciendo unos estrictos requisitos de aplicación y administrativos, incluidas la obligación de establecer un representante en el territorio francés, un responsable de mantener los registros de trabajo y las nóminas de los trabajadores desplazados a efectos de controles durante los 18 meses siguientes a la fecha de su último desplazamiento. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2016. La Ley del Salario Mínimo de Alemania entró en vigor el 1 de enero de 2015. Una ley que también se aplica a las empresas extranjeras que presten sus servicios en Alemania. Así, estas empresas en determinados sectores, incluido el transporte, tienen la obligación de notificar a las autoridades aduaneras alemanas a través de procedimientos específicas. Las sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones de notificación puede ascender hasta 30.000 , e incluso llegar a los 500.000 en caso de que la remuneración pagada no cumpla con la ley alemana.
