AETRAM y el Sindicato Libre de Transportes (SLT) manifiestan su profunda preocupación por la situación que atraviesa la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, donde cerca de 29.000 aspirantes permanecen a la espera de realizar el examen práctico para la obtención del permiso de conducir, con demoras que alcanzan hasta cinco meses. Esta situación, lejos de ser un problema exclusivo de las autoescuelas, afecta de forma directa a sectores estratégicos como el transporte de viajeros por carretera, que ya afronta una importante escasez de conductores profesionales.
Ambas organizaciones consideran que la falta de examinadores constituye un problema estructural que limita la incorporación de nuevos profesionales al mercado laboral, retrasando el acceso de futuros conductores a la obtención de los permisos necesarios para desarrollar su actividad y dificultando el relevo generacional en un sector esencial para garantizar la movilidad de miles de ciudadanos. En este contexto, las medidas extraordinarias planteadas por la Dirección General de Tráfico resultan claramente insuficientes para resolver un problema que requiere soluciones permanentes.
AETRAM y SLT reclaman al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico un refuerzo urgente de la plantilla de examinadores en Madrid, mediante la cobertura inmediata de las vacantes existentes y la creación de nuevas plazas que permitan responder al elevado volumen de solicitudes. Asimismo, consideran necesario estudiar otras fórmulas organizativas que incrementen la capacidad de examen sin menoscabar las garantías de seguridad vial, permitiendo reducir los tiempos de espera y facilitar la incorporación de nuevos conductores al mercado laboral.
Las dos organizaciones recuerdan que la falta de conductores constituye uno de los principales desafíos del transporte de viajeros por carretera y que cualquier retraso en la obtención de los permisos de conducción repercute directamente en la capacidad de las empresas para prestar sus servicios. Por ello, hacen un llamamiento a las administraciones competentes para que adopten medidas eficaces y coordinadas que eliminen este cuello de botella administrativo y contribuyan a garantizar la disponibilidad de profesionales que necesita el sector para responder a la creciente demanda de movilidad.
