El pasado mes mayo la Comunidad de Madrid anunció la licitación para contratar sus rutas escolares, con la inversión de 22,8 millones en 171 rutas gratuitas durante los tres próximos cursos (Plurianual-25), rutas escolares de las que se beneficiaran más de 5.000 alumnos de los centros docentes públicos no universitarios de la región, incluidos centros de Educación Especial de centros públicos y concertados.
AETRAM, tras realizar un análisis pormenorizado de los precios publicados de esta licitación en comparación con los anteriores concursos (Plurianual-23), ha constatado que hay una reducción en los precios respecto al anterior contrato publicado en un 68% de los mismos en su precio base y de un 19% en relación al precio final de adjudicación.
Hay que recordar que en este concurso se ha adoptado por primera vez por parte de la Administración un nuevo sistema de determinación de los precios base de la licitación, partiendo de la estructura de costes establecidos por el Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (ACOTRAVI) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como base para calcular los costes diarios, considerando la distancia y el tiempo de las rutas (precio por kilómetro y hora) más una serie de parámetros adicionales, medida que suscita para el Sector dudas en cuanto legalidad de la misma. Desde AETRAM se ha venido insistiendo en los últimos años en que la referencia óptima para la determinación de los precios en las licitaciones públicas debe basarse en el Observatorio de Costes para el Transporte Discrecional (COVIMAD). Dicho observatorio, publicado por la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, no ha sido actualizado desde el año 2018, a pesar de las reiteradas solicitudes de actualización formuladas por AETRAM en los últimos ejercicios.
AETRAM siempre ha mantenido una postura de colaboración con la Administracion para que los concursos no se queden desiertos por falta de concurrencia y así se ha transmitido en reiteradas ocasiones en reuniones con la Administracion, para la viabilidad y desarrollo efectivo de los servicios licitados, ya que establecer precios por debajo de las licitaciones anteriores puede tener consecuencias negativas tanto para las empresas como para la Administracion y el propio servicio prestado y usuarios. La Administración tiene el deber de asegurar que el precio de licitación permita una prestación del servicio con calidad, seguridad y sostenibilidad.
