AETRAM ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su preocupación por los efectos perjudiciales del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre en el transporte regular especial de trabajadores y productores. Esta normativa, al incluir en la base de cotización conceptos como el plus de transporte y las dietas, está generando desde su entrada en vigor, hace ya más de una década, una pérdida significativa de servicios y competitividad en el sector.
La Asociación denuncia que la modificación introducida por dicho Real Decreto, que obliga a cotizar por indemnizaciones que tradicionalmente estuvieron exentas, ha provocado la rescisión de contratos por parte de empresas que utilizaban servicios de transporte regular de uso especial para sus trabajadores. Esta carga adicional de costes ha provocado una pérdida de servicios y un estancamiento en la contratación dentro del sector. Según datos del INE, el número de usuarios del transporte especial laboral se redujo drásticamente, en casi un 25% hasta 2018. A día de hoy, el número de usuarios de este modo de transporte aún no han recuperado los niveles anteriores a la entrada en vigor de esta medida, mostrando un diferencial negativo del 8% respecto a las cifras registradas en 2012.
Además del impacto económico y social, la eliminación de estas rutas de transporte colectivo ha tenido consecuencias negativas sobre la movilidad y el medio ambiente, especialmente en los entornos industriales. La desaparición de servicios que transportaban a decenas de trabajadores en un solo vehículo ha incrementado el uso del vehículo privado, lo que ha generado un notable aumento del tráfico en zonas de alta concentración empresarial, mayores emisiones contaminantes y un deterioro de la eficiencia vial. Mantener y fomentar el uso del transporte colectivo de trabajadores no solo alivia la congestión circulatoria, sino que también contribuye activamente a la reducción de la huella de carbono del sector de la movilidad.
Por todo ello, AETRAM ha solicitado formalmente ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones la exclusión del plus de transporte y distancia de la base de cotización para el sector de transporte de viajeros en autocar y las empresas que utilicen el mismo para sus operarios y trabajadores, dada su naturaleza compensatoria y no salarial. Asimismo, ha reclamado la constitución de una comisión con los agentes sociales que analice el impacto económico y social de esta medida, y ha solicitado una reunión urgente con el órgano competente para abordar una solución consensuada en beneficio de las empresas afectadas y de los usuarios del transporte colectivo en la Comunidad de Madrid.
